Caputo empuja la agenda malvinera en un Congreso que Milei necesita disciplinar

El Gobierno enfrenta esta semana un tablero legislativo cargado: el Presupuesto 2027, exigido por el Fondo Monetario como condición de sostenibilidad fiscal, y la reforma política orientada a suspender las PASO. Ambas iniciativas necesitan acuerdos amplios que el oficialismo todavía no termina de cerrar. En ese escenario irrumpió la agenda malvinera, impulsada puertas adentro por el asesor Santiago Caputo, y convirtió un tema sensible en una variable más de gobernabilidad.

La sesión que la oposición forzó en Diputados dejó poco margen. Ante la imposibilidad de bajar la convocatoria, el bloque libertario terminó dando quórum. En esa primera instancia, según fuentes legislativas, Malvinas quedaría relegada detrás de los expedientes de moratoria para familias endeudadas y del financiamiento de discapacidad, ambos con mayor urgencia social instalada. Varias voces opositoras, sin embargo, ya advierten que la cuestión no se agota en una sola jornada.

Santiago Caputo impulsó la agenda malvinera en plena semana clave del Congreso, donde el oficialismo necesita acuerdos para el Presupuesto 2027 y la reforma política mientras la oposición fuerza temas sociales.

En el Senado, el bloque Convicción Federal —tres legisladores peronistas— presentó un proyecto para crear una comisión bicameral abocada a Malvinas. Su peso numérico es acotado, pero la cercanía con el oficialismo le da a la iniciativa un valor simbólico que no pasó inadvertido. En Diputados, Guillermo Michel impulsa eliminar beneficios impositivos para empresas británicas radicadas en el país, el mecanismo conocido como doble imposición. El peronismo también empuja a que las sanciones a firmas que operan en las islas alcancen la actividad pesquera, y no sólo el petróleo.

La ofensiva oficial ya dejó huellas concretas. El Ejecutivo sumó sujetos a procesos por hidrocarburos en la plataforma continental y elevó a unos 60 el total de personas y empresas apuntadas. En paralelo avanza el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer la Ley 26.659, habilitar juicios en ausencia cuando corresponda y crear un Consejo de Seguridad Nacional. La mesa política de la Casa Rosada incorporó al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa Carlos Presti para seguir esa hoja de ruta; ambos preparan un viaje a Tierra del Fuego ligado a la Base Naval Integrada.

Ahí aparece el costo político. El propio gobierno reconoció que la base no contará con asistencia estadounidense, y el financiamiento completo —estimado en varios cientos de millones de dólares— todavía no está cerrado. Gobernadores reacomodan posiciones y las mediciones que Caputo sigue de cerca muestran una imagen presidencial en baja. Esa mezcla alimenta discursos de alto voltaje y reclamos de fondos, justo cuando el oficialismo necesita disciplina legislativa para el Presupuesto y para la reforma electoral.

La paradoja es el timing. Caputo, hábil para detectar temas que reconectan con la sociedad más allá de la inflación, coló Malvinas en el centro del relato. El riesgo, que varios despachos marcan en voz baja, es el boomerang: un Congreso tensionado por la agenda social puede transformar el simbolismo patriótico en una pulseada de fondos, comisiones y proyectos opositores que el oficialismo no controla del todo.

Londres ya respondió con dureza desde los Comunes. En Buenos Aires, la conversación digital del tema mostró un pico rápido y un descenso igual de veloz. El desenlace queda en manos del Congreso: cuánto espacio le abre a un debate que empieza a instalarse en la agenda de los próximos meses, y cuánto distrae de las urgencias que el Fondo y las encuestas marcan al mismo tiempo.