Caputo pasa las obras a las provincias: 457 proyectos y más de $1 billón en juego

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso sobre la mesa una salida clara al cuello de botella de la infraestructura: si no hay plata en Nación para recomponer la obra pública, que se hagan cargo las provincias. El planteo viaja dentro del proyecto de Presupuesto 2027 y llega justo cuando la Casa Rosada negocia con gobernadores la reforma política —con la eliminación de las PASO como eje— y todavía digiere el roce por discapacidad.

La foto es dura. De 2.339 obras relevadas, 1.683 fueron dadas de baja o quedaron en proceso de rescisión. Otras 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a provincias y municipios. Solo 199 permanecen bajo gestión nacional, y de esas, 55 ya están terminadas. En números redondos, más de un billón de pesos en obras geolocalizadas —sobre todo rutas— dejan de ser problema exclusivo de Balcarce 50.

En el Presupuesto 2027, Economía avanza con convenios para que 21 provincias y nueve municipios bonaerenses se hagan cargo de obras públicas por más de $1 billón, con avales del Tesoro para siete distritos y sin recomponer la inversión nacional.

Los convenios ya se firmaron con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses. Para esas jurisdicciones el paquete no es un regalo: implica ejecución, financiamiento pendiente y mantenimiento. En paralelo, el proyecto habilita garantías del Tesoro para siete distritos. No son transferencias que caigan a la cuenta corriente provincial, sino avales que facilitan el acceso al crédito —incluido el de mercados asiáticos que piden ese tipo de respaldo—.

La distribución de esos cupos dibuja un mapa político-económico: Córdoba hasta US$530 millones; Santa Fe, US$300 millones; Corrientes, US$150 millones; Chaco, US$120 millones; San Juan, US$100 millones; Neuquén, US$20 millones; y Mendoza, hasta 100 millones de euros. Caputo, además, deja abierta la puerta a compensar deudas recíprocas entre Nación y provincias mediante quitas, esperas y reconocimientos: 21 jurisdicciones ya adhirieron a acuerdos que involucran $3,7 billones en obligaciones cruzadas y 37 litigios.

El trasfondo es el ajuste acumulado. En 2024 y 2025 la tijera pegó fuerte en capital; para este año se había prometido recuperar algo de inversión, pero las transferencias de capital a provincias siguieron muy rezagadas —apenas el 1% de lo efectivamente girado, según el relevamiento—. Para 2027, con gobernadores reclamando infraestructura, la respuesta oficial no es reabrir la canilla nacional: es correr el costo hacia el Interior.

En transferencias automáticas el proyecto proyecta $104 billones (7,3% del PIB), con un alza real interanual del 7,5% si se cumple la inflación oficial. Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz y San Luis aparecerían entre las mayores subas; Salta, en el piso. Los giros no automáticos, en cambio, caerían 1,8% real, con un desplome del 20% en las de capital. Los ATN quedan estables en moneda constante, con la paradoja ya conocida: lo que se recauda y no se reparte se lo queda el Tesoro.

También hay un capítulo previsional. El artículo 60 prevé $503.326 millones de Anses para las 13 cajas provinciales no transferidas, con requisitos de déficit reconocido y acuerdos previos. Para este año el crédito original se amplió de $122.763 millones a $409.343 millones por la firma de convenios; la suba real proyectada para 2027 es apenas 1,8%.

En el mensaje que acompaña el presupuesto, el Gobierno espera que las provincias pasen de un resultado primario casi nulo en 2026 a un superávit primario del 0,20% del PIB en 2027, con un déficit financiero casi cerrado. La mejora se apoyaría en ingresos subnacionales creciendo 4% real frente a un gasto que subiría 2,3%. La pregunta que deja Caputo en la mesa federal es otra: ¿pueden las provincias absorber ejecución y deuda de obras que Nación ya no quiere financiar, mientras pelean por cada peso de coparticipación?

El debate del Presupuesto 2027, entonces, no es solo un spreadsheet macro. Es un rediseño del federalismo de hecho: menos obra con sello nacional, más responsabilidad provincial y un menú de avales para quien pueda endeudarse. En un año electoral en el horizonte 2027, esa factura puede pesarle tanto a los gobernadores como al oficialismo que intenta cerrar votos en el Congreso.