Casación confirma el embargo de San José 1111 y 12 inmuebles más de los Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes los embargos preventivos que pesan sobre una docena de inmuebles de Hotesur y Los Sauces, sociedades en las que son accionistas Máximo y Florencia Kirchner. La Sala IV declaró inadmisible, por mayoría, el recurso con el que los hijos de la expresidenta buscaban frenar la cautelar dictada en agosto por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la ejecución patrimonial de la causa Vialidad.

Entre los bienes alcanzados figura el departamento de San José 1111, en Constitución, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos. También entran unidades y cocheras del complejo Madero Center, inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, y el hotel La Aldea, en El Chaltén.

La Sala IV de Casación declaró inadmisible el recurso de Máximo y Florencia Kirchner y dejó firmes los embargos preventivos sobre 13 inmuebles de Hotesur y Los Sauces, incluido San José 1111, en la ejecución de Vialidad.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña conformaron la mayoría. Remarcaron que lo revisado era únicamente un embargo preventivo, no el decomiso definitivo, y que las medidas cautelares, como regla, no habilitan la intervención de Casación porque no ponen fin al proceso ni generan un agravio irreparable. Mariano Borinsky votó en disidencia: propuso admitir el recurso y analizar si corresponde embargar bienes de personas que no fueron condenadas en el expediente, y si existe nexo temporal entre la adquisición de esos activos y la maniobra investigada.

El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado el 11 de agosto trabar embargo sobre trece inmuebles de ambas sociedades “hasta tanto se adopte una decisión” sobre el decomiso pretendido por la fiscalía. El monto actualizado de los bienes a decomisar en la causa supera los 684.990 millones de pesos, cifra vinculada a la condena firme del 10 de junio de 2025 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La defensa de Máximo y Florencia, a cargo del apoderado Luis Goldín, planteó que los embargos son excesivos y superabundantes. Argumentó que las participaciones accionarias de ambos ya están embargadas desde 2017, que las firmas sufren inhibiciones generales y límites para distribuir dividendos, y que Hotesur y Los Sauces tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, diferenciados de los de sus accionistas. También cuestionó que la cautelar no fijara un monto y que afectara el giro comercial y el derecho de propiedad de quienes no fueron acusados en Vialidad.

La mayoría de Casación cerró esa vía en esta instancia. Señaló que el TOF 2 todavía no resolvió el destino final de los activos y que la distinción entre embargo preventivo y decomiso es “dirimente” para el examen de admisibilidad. La defensa reservó el caso federal, lo que deja abierta la posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

En paralelo, el mismo tribunal oral avanza en una primera etapa de tasación sobre más de un centenar de bienes de la expresidenta y del empresario Lázaro Báez. El listado fiscal incluye propiedades a nombre de los hijos porque, según la acusación, habrían sido adquiridas con el provecho del delito por el que fue condenada su madre. Esa tesis sigue en disputa: el fondo del decomiso, y no solo la cautelar, será el próximo campo de batalla judicial.

El fallo llega en un momento de alta temperatura política dentro del peronismo bonaerense, con el gobernador Axel Kicillof proyectando un armado federal propio y el cristinismo tensionando esa construcción. San José 1111 vuelve a concentrar, otra vez, la escena judicial y la simbólica: es el domicilio de la condena domiciliaria y, ahora, un bien cuya preservación cautelar quedó confirmada en Casación.