Escándalo en la Armada: denuncian un esquema de sobresueldos por hasta $1.600 millones

La Armada Argentina presentó ante la Justicia Federal una investigación interna por irregularidades en la liquidación de haberes, suplementos, horas extras y viáticos. El escrito, firmado por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera, documenta 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88 entre julio de 2022 y enero de 2026. La fuerza la conduce el almirante Juan Carlos Romay; la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2.

El piso documental identifica, por ahora, a 23 beneficiarios entre uniformados y civiles. Fuentes al tanto del expediente elevan el perjuicio potencial a unos $1.500 a $1.600 millones y hablan de un círculo más amplio —alrededor de 25 a 50 personas—, “desde un almirante para abajo”. Esas proyecciones no figuran íntegras en el escrito al que accedieron varios medios, pero circulan en la reconstrucción interna del caso.

La Armada presentó ante la Justicia Federal una investigación por irregularidades en haberes entre 2022 y 2026: 645 acreditaciones indebidas por casi $981 millones a 23 beneficiarios. Fuentes elevan el perjuicio potencial a $1.500–1.600 millones.

Según la pesquisa administrativa, la maniobra se concentraba en un tramo sensible del circuito de pagos. Los controles habituales miraban la liquidación; antes de mandar el archivo definitivo al Banco Nación, determinados registros se alteraban para subir montos o sumar pagos sin respaldo. Después, los registros volvían a sus valores originales, de modo que el recibo publicado en el sistema no coincidía con lo acreditado en la cuenta. También se investigan liquidaciones que debían cesar por desvinculación o retiro, códigos y suplementos indebidos, y un esquema de retornos: recibir un extra y devolver parte.

El caso asomó en febrero de 2026, al revisar haberes de enero: cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Devolvieron el dinero y la auditoría se amplió hacia atrás. Aparecieron diferencias entre liquidaciones, recibos y lotes bancarios; pagos que no figuraban en los recibos; duplicaciones; e incluso acreditaciones a personas sin vínculo laboral claro con la fuerza al inicio de la pesquisa.

Entre los 23 identificados hay militares en actividad y retirados, civiles permanentes y contratados, jubilados y cuatro personas ajenas a la Armada. Esas cuatro concentraron unos $434,2 millones, el 44% del total detectado hasta ahora. Una de ellas, de apellido Prieto, recibió 46 acreditaciones por más de $152 millones. Prieto es esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, entonces jefe del Departamento Revista y principal señalado: según el escrito, admitió conocer esas acreditaciones, dijo que se cargaban a mano y que la finalidad era “favorecer económicamente” a esas personas. Fue relevado de manera preventiva.

Parte del dinero ya volvió. Las restituciones sumaban $42,57 millones al momento de la denuncia; quedaba pendiente cerca de $938,57 millones. La fuerza separó funciones de liquidación, acreditación y conciliación, resguardó equipos usados para transmitir lotes al banco y formó una comisión con especialistas en contabilidad, sistemas y datos.

Testimonios de oficiales reconstruyen, en paralelo, un circuito de presión y retornos que habría explotado cuando una teniente se negó a entrar: le ofrecían un suplemento del que debía devolver la mitad. Siete oficiales aportaron relatos sobre códigos de retirados, suplementos que no correspondían y plata que terminaba en cuentas particulares. Defensa y la Armada confirmaron la actuación administrativa, las inconsistencias y la denuncia judicial, y hablaron de “tolerancia cero” ante irregularidades en recursos públicos. El ministro Carlos Presti ordenó formalizar el caso una vez reunidos los elementos técnicos.

Lo que sigue es el fuero federal: fijar el tamaño final del desvío, el destino del dinero y las responsabilidades penales. La investigación interna ya dejó un piso duro —casi mil millones documentados, más de tres años y medio de operatoria y un acusado central relevado—. Si las proyecciones de $1.600 millones se confirman, el escándalo de los sobresueldos marinos pasará de anomalía administrativa a una de las causas de corrupción más sensibles de la fuerza en años.