El Gobierno ultima un decreto de retiros voluntarios para achicar más la planta estatal

El Gobierno nacional tiene listo un decreto para abrir un nuevo plan de retiros voluntarios en la administración pública. La norma, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, se publicaría en cuestión de días y las inscripciones arrancarían en noviembre. El alcance apunta al personal civil de planta permanente de la administración centralizada y de los organismos desconcentrados. Fuentes oficiales estiman más de 1.000 adhesiones; en el relato previo se habló de una franja de entre 1.000 y 1.500 agentes.

La medida forma parte de la misma lógica de achique de plantilla que el oficialismo sostiene desde diciembre de 2023. Según números del propio Ejecutivo, entre noviembre de ese año y agosto de 2026 la dotación estatal total pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores: una baja de 74.332 personas (21,6%), con un ahorro estimado superior a los USD 2.500 millones. Solo entre julio y agosto de este año salieron 1.446 agentes.

El Ejecutivo publicará en días un decreto de retiros voluntarios para planta permanente de la administración centralizada y organismos desconcentrados. Inscripciones desde noviembre; meta de más de 1.000 adhesiones. ATE habla de "despidos encubiertos".

Tres perfiles, tres cheques

En Desregulación orientan el retiro a tres grupos. El primero: empleados en edad de jubilarse que ya cumplen los años de aportes. El segundo: quienes tienen la edad pero les faltan aportes y podrían usar el pago para cerrar una moratoria. El tercero: agentes más jóvenes que quieran salir de la función pública. “Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente”, explicó una fuente que vio el borrador. El detalle de escalas se conocerá con la publicación del decreto.

La secretaría operativa es la de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Maximiliano Fariña, con Rosana Reggi en Modernización del Empleo Público y Alejandro Tamer en Reforma Estatal. El diseño distingue organismos desconcentrados (dependencias de la administración central sin personalidad jurídica propia) de los descentralizados, que quedarían fuera de esta convocatoria, al menos según lo que trascendió de manera informal.

El mapa del recorte

La administración centralizada —ministerios, Presidencia y Jefatura de Gabinete— concentró el recorte proporcional más alto: de 55.858 a 37.543 agentes (−32,8%). La descentralizada perdió más cabezas en términos absolutos: de 136.763 a 109.988. Las empresas y sociedades del Estado bajaron de 110.259 a 87.145. En casos extremos, Télam (reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado) pasó de 810 a 167 trabajadores (−79,4%).

Esquemas similares ya se probaron en INTA, ANSES, Vialidad, Parques Nacionales y se exploraron en INV y PAMI. En el INTA el programa ofreció 1,5 salarios por año de servicio, con topes por edad; cerró con 905 adhesiones sobre una meta de alrededor de 1.200.

El rechazo de ATE

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó de plano la figura. “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos”, dijo, y anticipó asambleas para desalentar adhesiones y no descartó medidas de fuerza si el régimen se generaliza. El gremio recuerda que la instrumentación choca, en cada organismo, con convenios colectivos, la Ley de Contrato de Trabajo y el régimen de empleo público.

Una semana atrás, en Nueva York, el Presidente Javier Milei defendió ante Bloomberg el recorte de plantilla: dijo que la economía generó 520.000 puestos privados y que, sumados unos 80.000 egresos del sector público, la expansión neta rondaría los 600.000. El decreto que se avecina busca seguir esa curva sin esperar a una nueva ola de despidos forzados: la apuesta oficial es que el cheque voluntario haga el trabajo fino antes de 2027.