Malvinas: vence el ultimátum al Reino Unido y la Cancillería prepara su presentación ante el Tribunal del Mar

Este lunes vence el plazo de dos semanas que el Gobierno le dio al Reino Unido para que frene la explotación petrolera en aguas de Malvinas. Como Londres no movió su posición, la Cancillería prepara el siguiente paso que ya había anunciado: pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, en el marco del procedimiento arbitral iniciado bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El ultimátum se formalizó el 28 de septiembre. Ese día, por medio de un comunicado, el Presidente anunció la intimación al Reino Unido y escribió en su cuenta de X: "Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar". En la Casa Rosada nadie esperaba un cambio de postura británico, y según fuentes oficiales la decisión de avanzar con la presentación ya está tomada. La ofensiva contra Sea Lion viene de hace semanas.

Venció el plazo de dos semanas que el Gobierno le dio a Londres para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. La Cancillería prepara un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mientras diplomáticos experimentados advierten que la jugada es arriesgada.

El encargado de llevar adelante el reclamo es el embajador Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, que dirige la Consejería Legal de la Cancillería. Él encabezará el pedido ante un tribunal de 21 miembros, creado en 1982 en el marco de la convención. La idea del Gobierno es que el tribunal se pronuncie sobre la pertinencia del reclamo argentino sin entrar en la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

El canciller Pablo Quirno defendió esa estrategia en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. "Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes", dijo. En la Cancillería toman como antecedente el caso de la fragata Libertad, que en 2012 fue liberada en Ghana tras una presentación argentina ante ese mismo tribunal.

Del otro lado, el gobierno británico rechazó de inmediato la intimación y acusó a la Argentina de querer "socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno". Londres sostiene que la actividad hidrocarburífera en la zona está regulada por la legislación de las islas y que se realiza "en plena conformidad con el derecho internacional".

En el centro de la disputa está Sea Lion, el proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo opera la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, junto a la británica Rockhopper Exploration, que tiene el 35% restante. Las empresas mantienen sus planes: perforaciones de desarrollo a principios de 2027 y primer petróleo en 2028, con una primera etapa de hasta 55.000 barriles diarios. Rockhopper, que en los últimos días siguió invirtiendo en el proyecto, calificó las medidas argentinas como "ilegítimas y carentes de justificación jurídica".

Puertas adentro del mundo diplomático, la jugada genera dudas. Tres diplomáticos experimentados con conocimiento del caso la definieron como "arriesgada" y recordaron que los sucesivos gobiernos, de distinto signo, evitaron llevar la cuestión Malvinas a tribunales internacionales por temor a que un fallo adverso habilite a los isleños a seguir avanzando con la explotación de recursos. "Es un tema muy delicado, y no está claro el resultado final", advirtió uno de ellos, que además señaló que el tribunal "suele buscar algún tipo de equilibrio" entre las partes.

En el Gobierno, en cambio, confían en que el tribunal termine ordenando la suspensión de las actividades de las empresas, al menos de forma provisoria. La presentación no tiene fecha tope, y tampoco hay un plazo fijo para la respuesta: el tribunal puede convocar a las partes a exponer sus argumentos y después desestimar el planteo o imponer alguna medida. Por ahora, lo concreto es que el plazo venció y que la Cancillería se apresta a dar el próximo paso.