Pichetto y Massot piden frenar la venta de tierras a extranjeros

Los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El pedido apunta a evitar que, mientras el Congreso discute el mega decreto, se consoliden compras de campos por extranjeros como derechos adquiridos difíciles de revertir.

La presentación quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, bajo el expediente CAF 47953/2026, con la carátula “Pichetto, Miguel Ángel y otro contra EN-DNU 70/23 sobre medida cautelar (autónoma)”. Ambos legisladores actuaron por derecho propio, como ciudadanos, contra el Poder Ejecutivo Nacional.

Tras el fallo de la Corte que reactivó la derogación de la Ley de Tierras, los diputados de Encuentro Federal presentaron una cautelar para suspender el artículo 154 del DNU 70 hasta que el Congreso se expida.

El timing no es casual. La Corte Suprema había revocado días antes el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo del DNU. Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por falta de legitimación. En un comunicado posterior aclaró que solo resolvió un aspecto procesal y que no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación ni sobre el rol del Congreso.

En la práctica, sin embargo, la derogación volvió a producir efectos plenos. Dejaron de regir los topes del 15% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, los límites por nacionalidad y superficie, y la prohibición de adquirir inmuebles ribereños de cuerpos de agua de envergadura. Pichetto advirtió en redes que, tras el fallo, esas operaciones pueden avanzar sin el freno que fijaba la norma de 2011.

Massot subrayó que la tierra y el agua son recursos estratégicos, escasos y no renovables, y que una decisión de esa magnitud no puede quedar librada a la voluntad unilateral del Ejecutivo. “No estamos pidiendo que la Justicia sustituya al Congreso. Estamos pidiendo exactamente lo contrario: que preserve la situación hasta que el Congreso pueda ejercer la facultad que le corresponde”, planteó.

En el escrito también cuestionan el uso del DNU: sostienen que no se configuraron las circunstancias excepcionales que exige la Constitución, que el Congreso estaba en condiciones de funcionar, que el propio Ejecutivo remitió el decreto al Legislativo seis días después de dictarlo y que el Senado lo rechazó en marzo de 2024. Piden además una medida interina de aplicación inmediata o, en su defecto, preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales y la publicidad de las adquisiciones por extranjeros.

La movida judicial corre en paralelo a la pelea parlamentaria. La oposición convocó una sesión especial para el 15 de octubre que incluye el rechazo al DNU 70, aunque todavía no tiene asegurado el quórum de 129 bancas. Derogar solo el artículo 154 dejaría vigente el resto del decreto; la cautelar, si prosperara, compraría tiempo para que esa discusión no llegue tarde a las escrituras.

También hay ecos provinciales. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al fiscal de Estado a iniciar acciones para resguardar el territorio provincial, aludiendo a una frontera internacional de más del 90% y a una matriz productiva anclada en el pequeño productor.

El nudo político es claro: la Corte dijo que no validó el fondo, el Congreso todavía no cerró el DNU y, en el medio, el mercado de tierras rurales quedó sin el candado de 2011. La cautelar de Pichetto y Massot busca que esas dos semanas no se transformen en hechos consumados.