El Presupuesto 2027 mete cambios en discapacidad y la oposición denuncia un recorte de garantías
El Presupuesto 2027 altera aranceles, pensiones y cobertura de salud en discapacidad; la oposición denuncia que se derogan garantías de la emergencia 2025.

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso abrió un frente inesperado: la letra chica modifica reglas centrales del sistema de atención a personas con discapacidad, justo cuando Diputados debate prorrogar la emergencia del sector hasta fines de 2027.
La iniciativa, firmada por el Presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, no se limita a fijar techos de gasto. Alcanza pensiones no contributivas, cobertura de salud, conversión de beneficios y el nomenclador de prestaciones básicas. La oposición lo leyó como un intento de alterar por la vía presupuestaria garantías sancionadas en 2025.
El Presupuesto 2027 altera aranceles, pensiones y cobertura de salud en discapacidad; la oposición denuncia que se derogan garantías de la emergencia 2025.
Uno de los puntos más sensibles es el cambio al artículo 7° bis de la Ley 24.901. Hoy los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas son iguales para todas las personas jurídicas obligadas a brindar cobertura y se actualizan con un estudio anual de costos. El texto del Presupuesto rompe esa lógica: el nomenclador dejará de tener valores universales y cada ente obligado fijará montos con sus prestadores.
Para el Estado nacional, los valores pasarían a determinarse de manera trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad, a propuesta del Directorio del sistema. Si esa actualización no ocurre en plazo, el Ministerio de Salud tomaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. El Ejecutivo sostiene que así se contemplan diferencias de costos entre jurisdicciones y se mantiene un piso mínimo prestacional común.
El proyecto también avanza sobre la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Según el análisis de la letra enviada al Congreso, se derogarían o modificarían artículos vinculados a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, a la garantía de un programa médico de atención para quienes la cobran, a la conversión de oficio de pensiones preexistentes y al criterio de igualdad de aranceles. En materia de pensión por invalidez laboral, una de las lecturas del texto fija el beneficio en el 70% de la jubilación mínima y lo declara incompatible con un empleo formal o con estar inscrito en el régimen general o simplificado.
El diputado socialista Esteban Paulón cuestionó el giro. Sostuvo que lo que el oficialismo había presentado como una alternativa “superadora” para el sector terminó incorporado al Presupuesto 2027 y lo calificó de “regresivo”, porque reduce previsibilidad para personas con discapacidad y prestadores y elimina un piso común de acceso a la atención.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro apuntó a la coincidencia temporal: en pleno plenario de comisiones emplazadas y con fecha de dictamen para tratar la emergencia, el Gobierno “intenta colar” en el Presupuesto la derogación de artículos centrales de esa ley. Mencionó de manera explícita los tramos que garantizan cobertura de salud, la conversión de pensiones y la igualdad de aranceles.
La discusión ocurre el mismo miércoles en que Diputados retomó el tratamiento de la emergencia en discapacidad, tras el emplazamiento votado en el recinto la semana anterior. La Comisión de Discapacidad fue convocada junto con Presupuesto y Hacienda para avanzar con la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027. En paralelo, el bloque presupuestario también fija una partida universitaria por debajo de lo reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional, lo que suma otro frente de tensión social al debate de la ley de leyes.
Si el Congreso aprueba el texto tal como llegó, no se tratará solo de cuánto se paga por una terapia. Quedará redefinido el marco de acceso, mantenimiento y financiamiento de beneficios y prestaciones. El oficialismo lo enmarca en la disciplina fiscal del último año de mandato; la oposición, en un recorte de derechos por la puerta de atrás del Presupuesto. El plenario y la negociación con gobernadores definirán si esos artículos sobreviven o salen del paquete.

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