Justicia bonaerense suspendió 60 días la baja de imputabilidad a 14 años

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, suspendió preventivamente por 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la Ley 27.801, el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El fallo llegó apenas 48 horas después de que la norma comenzara a regir a nivel nacional.

La decisión hace lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo —presidida por el sacerdote José María “Padre Pepe” Di Paola— en beneficio de adolescentes privados de su libertad. El eje del fallo es la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado provincial para absorber el incremento de jóvenes que ingresarían al sistema penal.

Jueza Pascual (Lomas) suspendió 60 días la Ley 27.801 en PBA por hábeas corpus; audiencia 16/09. LLA pide juicio político.

Pascual fijó una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre con las áreas bonaerenses de Seguridad, Niñez y Justicia. El objetivo que planteó para la suspensión: que en esos 60 días los poderes del Estado acuerden quién supervisará a cada joven, con qué recursos contarán los centros y cómo se implementarán las medidas alternativas que la propia ley contempla.

En declaraciones posteriores, la magistrada dijo que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años tras las rejas y que no romantiza a quienes salen con un arma, pero cuestionó la idea de que esta ley, por sí sola, dé más seguridad. Aclaró que no está en desacuerdo con bajar la imputabilidad a 14 años; advierte, en cambio, el riesgo de un encierro sin educación, oficio ni terapia que potencie la agresividad. Señaló que, por la ley procesal bonaerense, los jueces de garantías ya pueden privar de libertad a adolescentes de 14 a 16 años y que hoy hay alrededor de 100 menores de esa franja detenidos en la provincia.

El fallo cita inspecciones en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde se fijó un tope de 60 adolescentes alojados por no cumplirse estándares mínimos. Reconoce avances edilicios, de agua y alimentación, pero constata faltas persistentes en educación, formación profesional, ámbito laboral y tiempos de aislamiento, situación que —según información del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia— es recurrente en diversos dispositivos.

La norma nacional había entrado en vigencia el 5 de septiembre y fue reglamentada por el Decreto 875/2026. Desde La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja anunció que pedirán el juicio político a Pascual. El comunicado libertario sostiene que la decisión “atenta contra una ley sancionada por el Congreso” y “profundiza la impunidad”. Pareja la vinculó al poder político provincial. El senador provincial Carlos Curestis y el diputado Juan Osaba reforzaron el mismo tono.

Patricia Bullrich, impulsora de la legislación, apuntó contra una “justicia provincial garantista” y contra el gobernador Axel Kicillof. Pascual respondió que es “garantista de la ley” y que quiere seguridad. En paralelo, Usina de Justicia —a través del abogado Fernando Soto— pidió intervenir como amicus curiae y presentó una denuncia penal contra la jueza por usurpación funcional y abuso de autoridad.

Apartar a un juez provincial en Buenos Aires no es sencillo: rige la Ley 13.661. Hace falta denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, investigación preliminar, eventual acusación del Procurador General y un jury. Pueden pasar meses. Mientras tanto, la audiencia del 16 de septiembre será el primer test concreto de si el Ejecutivo bonaerense puede mostrar un plan de implementación creíble.