Gobierno denunció a petroleras por Malvinas; la causa quedó a cargo de Ercolini

El Gobierno presentó ante la Justicia Federal una denuncia penal por lo que califica como un entramado societario orientado a explotar petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El escrito, de 19 páginas, está firmado por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según la presentación, las compañías habrían intervenido —con distintos grados de participación— en la planificación, organización, financiamiento, contratación y desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte, un área sobre la que la Argentina reclama derechos soberanos. La hipótesis oficial parte de que no solo operan con licencias británicas que Buenos Aires no reconoce, sino que habrían dado pasos concretos para convertir esas autorizaciones en una operación extractiva.

Quirno denunció a Navitas/JHI/Eco Atlantic; causa Ercolini/Taiano; sanciones a 15 sujetos más; mesa política con Cancillería y Defensa.

Uno de los ejes de la acusación es el proyecto Sea Lion. El Estado sostiene que la Final Investment Decision (FID) del Sea Lion Northern Development implicó obtener financiamiento, contratar infraestructura crítica, celebrar contratos de ejecución y prever el inicio de producción comercial en 2028. La documentación técnica citada describe un desarrollo offshore cuya primera etapa contempla la perforación de once pozos. Para el Gobierno, esa secuencia muestra que el proyecto ya no es una expectativa futura, sino una fase material.

La figura penal principal es el artículo 7 de la Ley 26.659, con penas de cinco a diez años de prisión, multa e inhabilitación especial para quien realice sin autorización actividades hidrocarburíferas en áreas alcanzadas por la norma. La denuncia pide que la instrucción determine el grado de avance efectivo y la conducta de cada firma, e insiste en que la actuación de una persona jurídica no excluye la responsabilidad de las personas humanas que planificaron, autorizaron, financiaron o supervisaron el proyecto.

El esquema descripto vincula a Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y Navitas Petroleum Atlantic United con el desarrollo hidrocarburífero; a Navitas Petroleum LP como controlante y accionista; a JHI Associates Inc. como titular de licencias; y a Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. como accionista vinculada a JHI. El escrito recuerda, además, que Navitas Petroleum LP ya registra antecedentes administrativos en el país: en 2022 su actividad fue declarada ilegal, con inhabilitación por 20 años.

La causa quedó sorteada en Comodoro Py. El juzgado federal 12, subrogado por Julián Ercolini, y el fiscal Eduardo Taiano quedaron a cargo. El Gobierno pidió también evaluar posibles delitos ambientales y aduaneros, y si de la estructura societaria y financiera pueden surgir figuras de asociación ilícita o lavado de activos. Requirió cooperación internacional para obtener información societaria, bancaria y contractual, y —si el expediente lo justifica— embargos, inhibiciones, secuestros y otras cautelares orientadas a multas, reparación y un eventual decomiso.

En paralelo a la vía penal, la Oficina del Presidente anunció el inicio de procedimientos sancionatorios administrativos contra 15 sujetos adicionales —personas humanas y jurídicas— por presunta violación del artículo 2 de la Ley 26.659. La medida se suma a sumarios ya abiertos contra otros 45 sujetos. El mensaje oficial insiste en que nadie podrá disponer de los recursos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sin autorización argentina.

También entró en la escena política el reclamo de Andrés Dachary, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, para derogar la Ley 24.184 que ratifica el tratado de promoción y protección de inversiones con el Reino Unido. En Casa Rosada, la mesa política se reunió con Cancillería y Defensa para alinear la estrategia y eventuales proyectos de ley. Queda por verse cómo avanza la instrucción de Ercolini y qué alcance tendrán las sanciones administrativas ya abiertas.