Pollicita imputa a Chiqui Tapia por enriquecimiento ilícito en la CEAMSE y pide levantar el secreto bancario

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito ligado a su paso por la CEAMSE. Le pidió al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba para reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA, con el levantamiento del secreto fiscal y bancario como eje central.

La figura penal solo alcanza a funcionarios públicos. Por eso el expediente apunta al cargo en la empresa estatal de residuos del Área Metropolitana, y no a la presidencia del fútbol. Tapia integra la CEAMSE desde 2014 como vicepresidente; en 2024 pasó a presidirla por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en representación de la provincia.

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la causa por enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia por su rol en la CEAMSE y pidió a Ariel Lijo levantar el secreto fiscal y bancario, más una veintena de medidas para reconstruir su patrimonio. La denuncia atribuye un salto de liquidez cercano al 1000% entre 2017 y 2024.

La causa nació en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni ante la Justicia porteña. Ese fuero se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py. Esta semana la Cámara Federal cerró la disputa de competencia y confirmó la intervención del juzgado de Lijo. El viernes, Pollicita dio el paso siguiente: imputar el delito patrimonial y pedir una veintena de medidas de prueba.

Entre las principales solicitudes figuran las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales ante ARCA, el detalle de inmuebles en registros de la propiedad, reportes de la UIF sobre operaciones sospechosas, identificación de cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas ante el Banco Central, e información de la CNV y de proveedores de billeteras virtuales. También pidió historial laboral a ANSES, movimientos migratorios, vehículos, embarcaciones y aeronaves, y un exhorto internacional a la Conmebol para conocer cargos, salarios y cuentas vinculadas a Tapia en el fútbol sudamericano.

La Fiscalía quiere, además, los legajos reservados y las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Ciudad y la provincia de Buenos Aires durante su función en la CEAMSE, más el detalle de sueldos pagados por la propia empresa. Una vez reunida la documentación, Pollicita planteó encargar un informe patrimonial amplio a la DAFI, el mismo organismo especializado usado en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

Según la denuncia que originó el caso, los ingresos declarados no explicarían un salto patrimonial entre 2016 y 2025: la adquisición simultánea de tres inmuebles en zonas de alto valor en 2019, la acumulación de un millón de dólares en liquidez declarada en 2024 y la desaparición de esa liquidez en la declaración de julio de 2025. El denunciante estimó un crecimiento real de la liquidez cercano al 1000% entre 2017 y 2024, sin correlato aparente con los ingresos lícitos declarados.

Tapia ya enfrenta otros frentes judiciales: un expediente impositivo en el fuero Penal Económico, donde está procesado, y otra causa por presunto lavado en la Justicia de Campana. El nuevo frente en Comodoro Py agrega la lupa patrimonial sobre su rol estatal. Ahora Lijo debe decidir qué medidas autoriza. Recién con esos informes el fiscal podrá evaluar si avanza con nuevas imputaciones o pide más prueba.

El contraste político es inevitable. El dirigente que conduce el fútbol argentino y preside una empresa pública de residuos queda bajo la misma mecánica de control patrimonial que el Gobierno aplica a otros funcionarios. Mientras el expediente avanza, el dato duro sigue siendo el mismo: un salto de liquidez del orden del mil por ciento en siete años, y una Justicia que acaba de pedir las llaves de sus cuentas, bienes y legajos.