Lijo investigará a Chiqui Tapia por enriquecimiento ilícito en el CEAMSE

La Justicia federal se quedó con la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por supuesto enriquecimiento ilícito mientras ocupaba cargos en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa mixta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que gestiona residuos del Área Metropolitana. La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió el martes 9 de septiembre que el expediente debe tramitar en el fuero federal y no en la Justicia penal porteña. El juez Ariel Lijo queda a cargo.

La denuncia la presentó en abril el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con el dirigente. El planteo central es patrimonial: entre 2017 y 2024, según Tofoni, el crecimiento real de la liquidez de Tapia rondó el 1000%, un salto que “excede con creces cualquier índice inflacionario del período” y que no encuentra correlato suficiente en los ingresos lícitos declarados. En la presentación, el denunciante ironizó: “Increíble, un mago”.

La Cámara Federal envió a Comodoro Py la denuncia de Guillermo Tofoni: un salto patrimonial del 1000% entre 2017 y 2024 mientras Tapia dirigía la CEAMSE. Ariel Lijo queda a cargo; es la primera causa sobre su rol como funcionario público, no por la AFA.

Tapia fue nombrado vicepresidente de la CEAMSE en 2014 y se mantuvo una década en ese rol hasta asumir la presidencia del organismo. La empresa opera la gestión integral de residuos en CABA y provincia. Para la denuncia, ese tramo como funcionario público es el que importa: se trata, según las crónicas judiciales, de la primera causa centrada en su patrimonio y su paso por un organismo estatal. El resto de los expedientes que lo tienen como protagonista apuntan a su labor al frente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La disputa de competencia demoró el arranque. El caso había ingresado por la Justicia porteña. El fiscal Gerardo Pollicita entendió en una primera instancia que debía quedarse en la Ciudad; el fiscal José Agüero Iturbe sostuvo que correspondía al fuero federal porque la CEAMSE es un organismo interjurisdiccional. La Cámara Federal cortó el empate y mandó el expediente a Comodoro Py. Con esa decisión, Lijo hereda una investigación sensible: el presidente de la AFA es una figura de alto perfil y cualquier avance federal sobre su patrimonio público tendrá lectura política inmediata.

En el relato de la denuncia, el salto patrimonial no se explica solo por inflación ni por los sueldos públicos conocidos del período. Tofoni pide que se contrasten declaraciones juradas, movimientos de liquidez y eventuales activos no justificados. La investigación todavía está en una etapa temprana: recién se define el juez y el ámbito. No hay, por ahora, procesamiento ni medida cautelar anunciada sobre bienes. Lo que sí hay es un marco procesal claro y un fuero con herramientas típicas de causas de corrupción y enriquecimiento.

El timing complica el escenario. En paralelo, el oficialismo en el Senado postergó sesiones y negociaciones que, según crónicas legislativas, también rozan pliegos judiciales y tensiones con aliados. Tapia no es legislador, pero su nombre circula en la misma semana en que el Congreso discute agendas sensibles. Para la Justicia, el punto es otro: si un funcionario de una empresa pública mixta multiplicó su liquidez sin justificación, el fuero federal es el ámbito natural para pedirle explicaciones.

Lo que sigue es previsible y lento. Lijo deberá ordenar medidas de prueba, pedir informes patrimoniales y definir si abre una instrucción plena. La defensa de Tapia aún no tiene, en las versiones públicas, una respuesta detallada a los números del 1000%. El denunciante, en cambio, ya fijó el tono: no habla de un aumento “normal” de un dirigente de alto rango, sino de un salto que desafía cualquier índice del período.

El dato político no es el fútbol. Es el CEAMSE: una empresa que toca tarifas, contratos y residuos de millones de personas, dirigida por alguien que simultáneamente concentra poder en el deporte profesional. Si la causa avanza, pondrá bajo lupa no solo un patrimonio, sino el cruce entre cargos públicos y redes de influencia. Si se enfría, quedará como otra denuncia de alto voltaje sin consecuencias. Por ahora, la Cámara Federal ya eligió el tablero: Comodoro Py, Lijo y una acusación de enriquecimiento ilícito que Tapia deberá enfrentar como funcionario, no como presidente de la AFA.